Todo indica que la histórica puja jurídica que mantienen Mendoza y La Pampa por la utilización de las aguas del río Atuel se reavivará en próximos días a nivel nacional. Es que ayer, organizaciones sociales y políticas de la provincia vecina anunciaron que buscarán propiciar nuevos reclamos a gran escala, esta vez con la premisa de movilizar a la ciudadanía, “más allá de los planteos legales y administrativos en curso”, tal como advirtieron las entidades pampeanas a través de un comunicado.
La campaña, encabezada por descendientes de comunidades ranqueles originarias, responderá a la consigna “La Pampa tiene un río, recuperemos al Atuel”. Frente a esta nueva etapa de un conflicto que lleva más de cincuenta años y que aún no ha sido resuelto, la respuesta mendocina es avanzar en el tratamiento de una normativa en la Legislatura provincial por la cual Mendoza adhiere a un convenio que data de 2008.
En ese documento, que en su momento tuvo el visto bueno por el ex gobernador Celso Jaque y su -por entonces- par pampeano, Oscar Mario Jorge, se establecía que nuestra provincia debería ceder a La Pampa cinco metros cúbicos de agua por segundo.
Pero lo concreto fue que, a diferencia de la Casa de las Leyes de La Pampa, en Mendoza el convenio nunca fue ratificado debido a que quedó ‘cajoneado’ en el Departamento General de Irrigación, en un clima bañado de matices políticos. En ese momento, la oposición fue de los malargüinos, que en ese entonces vieron el convenio como una amenaza para el abastecimiento de agua.
Justamente, el cuestionado ex titular del Departamento General de Irrigación (DGI), Eduardo Frigerio, se había comprometido con la provincia vecina a ‘apurar’ la ratificación del convenio en la Legislatura. Pero eso hasta la fecha nunca ocurrió e incluso la Cámara de Diputados llegó a emitir quince pedidos de informes, hecho que llevó a sentar las bases para cuestionar la conducción del ex funcionario y apartarlo de su cargo.
Ahora Mendoza deberá ponerse al día y repasar todos los aspectos del litigio. Según explicó el diputado demócrata Hugo Babolené, hoy pedirá que el tema se trate en forma urgente dentro del ámbito legislativo. “Primero necesitamos la opinión de todos los bloques”, dijo el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda.
Así, mientras desde el otro lado de la frontera los ánimos están agitados, por estas tierras eligieron mantenerse cautos. Desde el DGI, órgano que tiene injerencia directa, por tratarse de la administración del cauce de uno de los ríos más importantes de la provincia, prefirieron no hablar del tema ayer. En el Gobierno se limitaron a aclarar que es el Ministerio de Infraestructura y Energía quien representa a la provincia ante el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco). Pero hasta el momento no hay posturas oficiales que permitan delinear una reacción por parte de Mendoza.
Vale decir que el Coirco es el órgano cumple las veces de autoridad de aplicación para administrar la cuenca del Río Colorado. Según aparece su página web, la relación con el río Atuel consiste en que “el desarrollo de los valles del Colorado contempla el trasvase de aguas en Mendoza, desde su cuenca a la del río Atuel”.
En líneas generales, el convenio que debe ser ratificado por los legisladores locales estipula que la Nación debe proveer del dinero necesario a ambas provincias de modo que fuera posible concretar obras de infraestructura. Una de las salidas es impermeabilizar los canales para lograr una mayor eficiencia hídrica y evitar así que se pierda hasta 40% del caudal.
De la mayor erogación de agua -establece el documento- la mitad sería para Mendoza y la otra mitad para La Pampa. A cambio, la provincia vecina aceptaría el trasvase al Río Grande, vale decir, el más caudaloso de Mendoza. En términos geográficos, el río Atuel se ubica en el sur de Mendoza y se extiende de oeste a este. Nace en la cordillera de Los Andes, baña los departamentos de San Rafael y General Alvear y desemboca en una serie de bañados que se ubican al noroeste de La Pampa.
El argumento de los pampeanos para reclamar por la patria potestad del cauce, consiste en que el impacto ambiental y social como consecuencia de la construcción del dique El Nihuil -que data de la década del ‘40- ha afectado negativamente a los pobladores de la zona.
Aseguran que al modificarse el régimen del río se producen inundaciones y anegamientos, hay incomunicación de puestos; salinización de aguas y suelos y mala calidad del agua, entre otros aspectos. La defensa mendocina consiste en que a lo largo de los años, La Pampa no potenció mejoras en su territorio.
Ese punto, de hecho, había quedado estipulado en la determinación de la Corte Suprema de Justicia, que en 1987 determinó que el río es interprovincial. En esa instancia, además se reconoció que Mendoza había invertido en infraestructura y que si La Pampa quería proveerse del agua de este cauce debía hacer lo propio. “Por otro lado, Mendoza tenía la obligación de erogar caudales, pero eso no se ha cumplido”, explicó el titular Oikos-Red Ambiental, Eduardo Sosa.

Acuerdos entre las partes
En 1989, los gobernadores de La Pampa y Mendoza suscribieron el Protocolo de Entendimiento Interprovincial mediante el cual se creó la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI). El objeto fue ejecutar acciones tendientes a lograr una oferta hídrica más abundante que permitiera ampliar el área de riego y el restablecimiento del sistema fluvial ecológico del curso inferior del Río Atuel.
El objetivo era satisfacer las necesidades de las poblaciones allí ubicadas. En 1992, las partes celebraron un nuevo convenio en el que se estableció que Mendoza se comprometía a entregar el caudal necesario de agua potable para satisfacer la demanda de uso humano en jurisdicción de La Pampa. En 2008 las provincias acordaron con el Estado nacional realizar obras para incrementar la disponibilidad de agua en partes iguales. Mendoza aún no lo ratifica.