Uno de los grandes temas de la agenda ambiental de la Argentina es el lamentable nivel de contaminación del Río Matanza Riachuelo. Se trata de una cuenca interjurisdiccional que cubre un área de 2.240 km2, de la cual la Ciudad de Buenos Aires ocupa un tramo que no supera el 10% de la superficie total. Este dato no es menor para entender el grado de responsabilidad que le corresponde a cada municipio involucrado. Existe una autoridad tripartita, Acumar, integrada por el Estado nacional, la Provincia y la Ciudad que tiene a cargo la ejecución de un plan integral de saneamiento a largo plazo. Esas acciones conjuntas son valorables y necesarias, pero requieren de un compromiso con la gestión para resolver el problema que supone el vertido cotidiano de sustancias tóxicas. Para sanear el Riachuelo, hay que evitar que se siga contaminando.
Estamos comprometidos con el control del cumplimiento de la norma y creemos, además, que Estado y sector Privado debemos buscar la forma de reconvertir los sistemas de producción con políticas a mediano y largo plazo.
En aquel fallo histórico de 2008, la Corte Suprema de Justicia ordenó a la ACUMAR la inspección de 4000 industrias en la cuenca de las cuales 1345 corresponden a la Ciudad. Desde la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad (APRA), se realizaron desde entonces 3720 inspecciones; más del 100% de lo solicitado por la Justicia. De las mismas surgieron intimaciones y clausuras.
En la Ciudad, a través del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, tenemos la decisión de generar acciones concretas tendientes a corregir situaciones irregulares que afectan a miles de vecinos, especialmente a los sectores más vulnerables y a los grupos de riesgo, los chicos, que viven en la zona.
Estamos llevando adelante un programa de control que busca evitar el vertido clandestino de contaminantes en el curso de agua y en las colectoras pluviales, acciones que son claramente contrarias a la ley.
Además de nuestros inspectores y equipos de control, estamos incorporando nuevas tecnologías como los modernos robots filmadores que permiten detectar conexiones ilegales que algunas empresas realizan para evitar declarar sus descargas contaminantes. Ante la irregularidad, intimamos a las empresas a corregir su accionar en un plazo prudencial. En otros casos más graves, clausuramos los establecimientos en infracción hasta tanto prueben ser capaces de no contaminar.
Nuestra meta es ambiciosa pero posible: buscamos integrar a las industrias en un plan de acción y producción que no destruya el ambiente que nos rodea. Por eso, invitamos a todas las empresas que quieran mejorar a sumarse al programa voluntario Buenos Aires Produce Más Limpio. Una iniciativa que propone una gestión integral promoviendo la participación y compromiso conjunto de actores públicos y privados. Una acción a largo plazo que plantea como objetivo estratégico armonizar de manera eficiente el crecimiento económico, social y la protección ambiental.
En eso estamos, en lograr que la Ciudad de Buenos Aires tenga una política seria en materia de desarrollo sustentable.