La advertencia de las Naciones Unidas acerca de que la creciente demanda de agua potable y de servicios de saneamiento básico exceden hoy la oferta disponible, considerándose además que por primera vez en la historia de la humanidad más de 3 mil millones de personas viven en las ciudades, significa por cierto un llamado de alerta y obliga a todos los países a adoptar enérgicas políticas de protección de sus recursos hídricos.
El informe de la ONU emitido en razón de celebrarse hoy el Día Mundial del Agua, detalla que unas 828 millones de personas viven en asentamientos urbanos informales, diseminados alrededor de casi todas las ciudades del mundo y que el mayor desafío actual es proveer a esa población de agua potable y de servicios sanitarios.
También destaca que la población pobre paga 50 veces más por un litro de agua de lo que se paga por ese mismo litro en los barrios ricos, debido a que tienen que comprar el agua a vendedores particulares quienes especulan con el preciado líquido.
En el informe que reprodujo este diario, se pone de relieve que las tasas de fuga de agua de hasta un 50 por ciento son comunes en sistemas de distribución urbanos, y que entre 250 y 500 millones de metros cúbicos de agua potable son desperdiciados cada año en muchas de las megaciudades del mundo.
Para la ONU, la falta de instalaciones de abastecimiento de agua y de adecuadas condiciones sanitarias en las ciudades conlleva la existencia de serios problemas de salud, mientras que inadecuadas instalaciones de servicios sanitarios a menudo son fuente de contaminación del agua potable.
Tales conclusiones, acaso con un menor grado de dramatismo, pero igualmente acuciantes, resultan válidas para describir la situación que se vive en muchas ciudades de nuestro país. A la incapacidad de los sistemas de provisión de agua domiciliaria para abastecer a toda una ciudad, se le suman las también conocidas insuficiencias de las redes de servicio clocal y de desagües, algo que se traduce en numerosos riesgos de índole sanitaria.
Pero también debe mencionarse la paupérrima tutela que ejerce el Estado sobre los cursos de agua dulce, sean ríos o arroyos, cuyo alarmante grado de contaminación no hace sino agravar la calidad de vida de millones de personas. Frecuentes derrames de hidrocarburos, napas contaminadas, descontrol en el depósito final de residuos tóxicos integran, entre otros factores, el contexto negativo que acompaña a los recursos naturales.
Afortunadamente, tanto en nuestro país como en las demás naciones, se están consolidando concepciones que apuntan a la mejor defensa del medio ambiente y de la calidad de vida. Múltiples dependencias estatales diseminadas en las administraciones nacionales, provinciales y municipales apuntan a esos mismos objetivos, como resultado evidente de una creciente demanda social. De esta participación más activa podrán emerger respuestas satisfactorias al dramático requerimiento que hoy formulan miles de millones de personas.